UBER vs. Taxi
Últimamente leemos en la prensa local valenciana un problema que afecta a más de una comunidad autónoma: El intento de equilibrar el respeto a los derechos adquiridos con la implacable y rotunda realidad de los nuevos tiempos.
Objeto de la Ley Valenciana del Taxi
La Ley tiene por misión regular “una licencia = un taxi”, lo que supone un “atropello” para aquellos titulares de más de una licencia. Las disposiciones de derecho transitorio de la citada norma no solucionan dicha cuestión, todo lo más, la agravan, pues generan una importante inseguridad jurídica en aquellas familias que viven de más de una licencia.
Nosotros lo sabemos “de buena tinta” porque hemos formulado alegaciones frente dicho anteproyecto de Ley.
Imaginaos la situación: Un padre de familia adquiere “con el sudor de su frente” una licencia de taxi, allá por los años 70 ́. Unos años más tarde, con su esfuerzo y dedicación, con muchas carreras a las espaldas, ahorra para adquirir otra, y otra en los 80 ́ que pasa a su hijo, que obtiene la licencia y puede explotar el taxi, y fundar una nueva familia...
De repente, en el 2017, una Ley les obliga a vender, o a deshacerse de dichas licencias, sin indemnización alguna. Lo dice la Ley. Dura Lex Sed Lex... No en vano las asociaciones de taxi de toda condición protestan continuamente sobre estos sobresaltos legislativos, que son contrafuerte a una ideología política que no casa con su ejemplo, puesto que los políticos que promueven esta reforma “igualitaria” perjudican al epicentro de la clase media... Ni la derecha ni la izquierda encuentran el centro...
El papel de UBER
Frente a ésta controversia antes mencionada, seguimos leyendo periódicamente en la prensa del día el fenómeno ¿paralelo? de Uber:
Un amplio espectro de conductas privadas, lejos de la regulación pública, que prestan un servicio p2p que trasciende hasta el servicio público. ¿Debería concederse una licencia a los Señores de Uber? ¿y a los titulares de Airbnb? Todas estas nuevas formas de prestación de servicios, muy democráticas ellas, ponen en riesgo los derechos adquiridos o la seguridad jurídica. De nuevo, el rotundo bofetón de los nuevos tiempos, siempre por delante del Derecho.